El Pleno del Senado de la República aprobó este miércoles 30 de septiembre, en lo general, un paquete de modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. La iniciativa, denominada en el debate público como la «Ley Antimemes», avanzó con una votación de 72 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones.
La legislación busca sancionar el uso indebido, la imitación y la reproducción no autorizada de logotipos, dominios y elementos de identidad gráfica de las instituciones públicas del Estado mexicano.
El centro de la controversia legislativa se focalizó en la incorporación del artículo 403 Bis, precepto legal que generó reparos en las bancadas de oposición ante el eventual riesgo de tipificar contenidos digitales o sátiras en redes sociales.
Frente a las críticas iniciales, las comisiones dictaminadoras ajustaron los rangos de penalización y precisaron los criterios de punibilidad:
> La propuesta original contemplaba sanciones de tres a siete años de prisión. Tras las modificaciones aprobadas, las penas se establecieron en un rango de uno a cinco años de cárcel, sumadas a multas que van de las mil a las 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
* Alcance del tipo penal: De acuerdo con la redacción final del artículo 403 Bis, la sanción aplicará únicamente cuando la utilización de los símbolos oficiales se realice a escala comercial, con la intención deliberada de engañar sobre el origen institucional de una plataforma, documento o servicio, y con el fin expreso de cometer un delito.
* Aclaración sobre la sátira digital: Las precisiones incorporadas por los legisladores buscan acotar el alcance de la norma a conductas de fraude o suplantación de identidad oficial, descartando la tipificación automática de imágenes humorísticas o memes que carezcan de fines de lucro o intención ilícita.
Según los registros del Sistema de Información Legislativa, el dictamen aprobado forma parte de una estrategia normativa más amplia destinada a combatir la piratería, la falsificación, las infracciones a los derechos de autor y el uso fraudulento de la infraestructura digital del Gobierno.
Tras su aprobación en lo general, el Senado continuará con el desahogo de las reservas presentadas en lo particular antes de remitir el proyecto al Ejecutivo federal o a la Cámara de Diputados, según corresponda el proceso legislativo.
Con información de El Imparcial
