La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó sin modificaciones el dictamen que establece penas de prisión y multas económicas para quienes utilicen, de manera no autorizada y con fines comerciales, la identidad gráfica, documentos oficiales o dominios web de instituciones públicas con el propósito de cometer fraudes.
El dictamen, turnado a la Mesa Directiva para su discusión y posterior votación en el pleno del Congreso, contempla reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. La aprobación en comisión se logró con 23 votos a favor del bloque mayoritario integrado por Morena y sus aliados, frente a 10 votos en contra por parte de las bancadas de oposición.
El aspecto central del proyecto legislativo radica en la adición del artículo 402 Bis al Código Penal Federal, el cual tipifica la suplantación de la imagen e infraestructura digital de organismos gubernamentales:
* Penas de prisión: De uno a cinco años de cárcel.
* Sanciones económicas: Multas que van de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
* Conducta tipificada: Uso, reproducción, imitación o incorporación a escala comercial de la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos de carácter oficial.
* Condicionante del tipo penal: Que la acción se realice con el objetivo explícito de inducir al error o engaño para la comisión de un delito.
Durante el análisis del proyecto, legisladores de las bancadas de oposición solicitaron incorporar una cláusula de excepción explícita para salvaguardar las parodias, contenidos satíricos, memes y caricaturas políticas, advirtiendo sobre el riesgo de un eventual uso arbitrario de la norma.
En contraste, el bloque oficialista rechazó la modificación al sostener que el texto está acotado exclusivamente a conductas delictivas con fines de lucro y fraude. El presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Julio César Moreno (Morena), argumentó que la reforma busca fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual, combatir el uso apócrifo de sellos institucionales y alinear el marco normativo mexicano con las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Con información de El Imparcial
