CHETUMAL, Quintana Roo.— Lidia Rojas Fabro presentó ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) una queja por presunta violencia política en sentido amplio contra Julio Asrael González Carrillo, consejero electoral y presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, por actuaciones que denuncia como censura y vulneración de sus derechos a la libertad de expresión, participación política y actuación partidista como ciudadana y militante de Movimiento Ciudadano.
El señalamiento central es que González Carrillo fungió como representante propietario del Partido del Trabajo durante el recuento total de votos de la elección del Ayuntamiento de Othón P. Blanco de 2024, en la que Lidia contendió por la presidencia municipal. El PT integraba la coalición Morena–PT–PVEM, cuya planilla resultó ganadora.
De acuerdo con la queja, durante ese recuento el ahora consejero representó y defendió los intereses político-electorales del PT y de la coalición. Posteriormente, desde su responsabilidad como autoridad electoral, intervino y votó a favor de una medida que ordenó retirar dos videos en los que Lidia cuestionaba el desempeño del gobierno municipal surgido de aquella elección.
Las publicaciones abordaban problemas de Chetumal, como inundaciones, baches, alumbrado público e inseguridad. Lidia sostiene que la intervención del consejero debe investigarse porque resolvió sobre críticas dirigidas a la administración emanada de la coalición cuyos intereses había defendido, sin excusarse ni someter previamente ese antecedente a una valoración institucional sobre un posible impedimento.
“Quien defendió los intereses de una coalición durante el recuento de votos después participó en una decisión que restringió mis críticas al gobierno surgido de esa misma elección. Esa actuación debe investigarse. La ciudadanía merece autoridades electorales que actúen con independencia e imparcialidad”, expresó.
La queja solicita esclarecer la participación del consejero y la posible existencia de un conflicto de intereses, así como determinar las responsabilidades correspondientes. También pide que se abstenga temporalmente de intervenir en los asuntos que afectan directamente los derechos de Lidia y en la investigación de su propia conducta.
Asimismo, solicita remitir la documentación al Instituto Nacional Electoral para que valore si los hechos denunciados actualizan causas de remoción.
“Hablar de los problemas de Chetumal y cuestionar al gobierno es parte de mi libertad de expresión y de mi participación política. Voy a defender esos derechos y a exigir que las instituciones garanticen un debate público libre y una actuación imparcial”, afirmó.
