Que las propuestas de campaña correspondan a las facultades y atribuciones legales del cargo al que aspiran quienes buscan un puesto de elección popular es el objetivo de una iniciativa de reforma electoral presentada por la diputada Majo Osorio, junto con el legislador Hugo Alday Nieto, a la que ya se dio lectura en el pleno del Congreso del Estado.


La propuesta busca evitar que durante las campañas electorales se ofrezcan acciones, obras o reformas que no pueden ser ejecutadas directamente por quien las promete, al depender de las atribuciones de otros poderes, órdenes de gobierno u organismos autónomos.
Por ejemplo, un aspirante a una presidencia municipal no podría presentar como una facultad directa de su eventual gobierno la aprobación de una reforma a una ley estatal o federal, cuya discusión y aprobación corresponde a los respectivos órganos legislativos. De igual manera, ejemplificó Majo Osorio, un candidato a congresista no podría comprometerse a ejecutar directamente obras públicas que corresponden a los gobiernos estatal o municipal.
La iniciativa, presentada por Majo Osorio y Hugo Alday, plantea modificar los artículos 285, 396 y 397 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Quintana Roo, para establecer que las propuestas, compromisos y planes de trabajo difundidos durante las campañas correspondan al marco de competencias constitucionales y legales del cargo en disputa.
«Que ya no nos mientan en campaña. Todas y todos hemos escuchado promesas como ‘te voy a pavimentar la calle’ o ‘te voy a construir un parque’, y la gente confía, pero muchas veces esas promesas son imposibles de cumplir por quienes las prometen. El objetivo es bastante claro: que las propuestas de campaña correspondan a las facultades reales del cargo, y si algo requiere una gestión se diga la verdad desde el primer día», expresó Majo Osorio.
El proyecto también contempla que cuando una propuesta requiera la participación, coordinación o aprobación de otros órdenes de gobierno, poderes del Estado u organismos autónomos, las candidaturas deban señalar de manera explícita y visible en su propaganda que se trata de una gestión institucional o intermediación pública, y no de una facultad de ejecución directa.
En materia de sanciones, la iniciativa propone incorporar como infracción electoral la difusión de compromisos que atribuyan a las candidaturas facultades que no les corresponden, sin aclarar que su realización depende de otras autoridades. Para ello, se aplicarían las disposiciones sancionadoras previstas en la legislación electoral, que contemplan amonestaciones públicas y multas de hasta mil veces el valor diario de la UMA para aspirantes, precandidatos y candidatos, además de las consecuencias relativas al registro en los supuestos que establece la propia ley.
Otro de los planteamientos es que quienes resulten electos tengan la obligación de informar anualmente a la ciudadanía sobre el avance y estado de los compromisos asumidos durante sus campañas, como parte de sus informes institucionales de rendición de cuentas.
La iniciativa cobra relevancia ante la proximidad del proceso electoral de 2027 en Quintana Roo, cuando partidos políticos y aspirantes comenzarán a definir sus proyectos y propuestas para buscar el respaldo ciudadano.
Con esta reforma, Majo Osorio plantea que las campañas electorales privilegien propuestas viables y transparentes, de manera que la ciudadanía conozca qué puede hacer directamente cada representante y qué compromisos requieren la intervención de otras autoridades.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos para su análisis y dictaminación.
