De más de 100 camiones que tiene Transportes Urbanos del Carmen (TUCSA), solo 75 pasaron los exámenes mecánicos; las unidades reprobadas no podrán circular hasta que sean arregalados.
Esta decisión de las autoridades Transporte de restringir la operación de TUCSA a solo 75 unidades que cumplieron con la revista vehicular, le dio argumentos al gobierno municipal para avanzar en uno de los planteamientos que ya se habían puesto sobre la mesa desde el año pasado: abrir la competencia y elevar la calidad del transporte público.
Durante 2025, la presidenta municipal Estefanía Mercado Ascencio sostuvo en distintos espacios públicos que Playa del Carmen no podía seguir con un sistema de transporte rezagado, con unidades en malas condiciones y sin incentivos reales para mejorar el servicio.
En ese contexto, señaló que su administración debía revisar de fondo el modelo de movilidad y buscar mecanismos que obligaran a los concesionarios a modernizarse o, en su caso, dar paso a nuevas alternativas.
La limitación de unidades operativas deja en evidencia la fragilidad del modelo actual y abre la discusión sobre la necesidad de permitir la entrada de nuevos operadores o esquemas que garanticen unidades más modernas, seguras y eficientes.
Aunque hasta ahora no se ha anunciado formalmente un proceso para abrir la competencia, la crisis operativa de TUCSA coloca el tema nuevamente en el centro del debate público.
Para la administración municipal, el incumplimiento de la concesionaria funciona como un ejemplo claro de por qué se requieren cambios estructurales en el transporte urbano de Playa del Carmen, más allá de revisiones periódicas o medidas temporales.
Con esto, el caso TUCSA se convierte no solo en un problema operativo, sino en un argumento clave para replantear el futuro del transporte público en el municipio.
