La secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, aclaró la situación respecto al conflicto entre México y la empresa Calica, filial de Vulcan Materials, que ha denunciado al país en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) tras la imposición de restricciones en la explotación de piedra caliza en Quintana Roo.
Durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, Bárcena subrayó que no hubo expropiación de la propiedad de Calica durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como ha afirmado la empresa, sino que una gran parte de la zona fue convertida en área natural protegida, lo que impide la continuación de la explotación minera en la región.
“El terreno sigue siendo de su propiedad, pero lo que ya no pueden hacer es explotar la piedra caliza como lo hacían antes. Ahora deberán destinarlo a actividades compatibles con el carácter de área natural protegida”, señaló Bárcena.
La funcionaria denunció que la explotación de piedra caliza por parte de Calica, basada en dos permisos otorgados en 1986 y 2000, fue un “desastre ecológico”. Explicó que la empresa extrajo grandes volúmenes de roca caliza para exportarla, afectando gravemente el ecosistema de la región, incluido el sistema de cenotes. “Se explotaron mil 200 hectáreas, lo que generó graves desequilibrios ecológicos. Se destruyeron al menos 13 cenotes, tres de los cuales han sido totalmente afectados”, detalló.
Bárcena afirmó que la empresa no tiene los permisos necesarios para continuar con la explotación, ya que los permisos otorgados en 1986 y 2000 tenían una vigencia de 20 años, la cual ya expiró. “A pesar de esto, la empresa ha promovido declaraciones falsas asegurando que tiene todos los permisos vigentes, lo cual no es cierto”, aseguró.
La demanda de Calica contra México, que asciende a 1,500 millones de dólares, no se ha presentado bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sino bajo el Tratado de Libre Comercio (TLC). La empresa busca compensación por la prohibición de la extracción de piedra caliza en áreas como Playa del Carmen y Cozumel, donde las actividades de explotación han sido cerradas.
La secretaria también explicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó el área como protegida el 23 de septiembre pasado, abarcando más de 50 mil hectáreas de flora y fauna. Este decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación después de una consulta pública en la que se recogieron opiniones y reclamos.
“El impacto ambiental que dejó esta explotación fue devastador. Se extrajo 20 veces más del volumen autorizado, lo que dañó el sistema hidrológico subterráneo. Lo que se ha logrado con el decreto presidencial es enorme, porque no solo se incluyó la propiedad de Calica, sino que se protegieron muchas más hectáreas”, concluyó Bárcena.
Este conflicto continúa siendo un tema de interés, ya que la empresa busca una compensación multimillonaria por lo que considera una afectación a sus actividades económicas, mientras que el gobierno mexicano defiende la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las normativas vigentes.
