En un nuevo golpe a la impunidad en México, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ha detenido al presidente municipal de San Juan Mazatlán Mixe, identificado como P.M.S., y a su esposa, K.G.P.S., por presuntamente falsificar documentos para evadir una acusación de violación en contra de una adolescente.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en el municipio de Matías Romero en 2013. En ese entonces, P.M.S. era el principal sospechoso de haber violado a una menor de edad. Sin embargo, en 2022, la Fiscalía recibió un documento en el que la víctima supuestamente se retractaba de su denuncia.
Tras una exhaustiva investigación, se descubrió que tanto el documento de desistimiento como las declaraciones judiciales que lo respaldaban eran falsos. La víctima afirmó que nunca había firmado tal documento y que estaba siendo presionada para retractarse.
Ante estas evidencias, la FGEO solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra el alcalde y su esposa, quienes fueron detenidos por los delitos de uso de documento falso y falsedad en declaraciones judiciales.
Este caso pone de manifiesto la gravedad de la violencia sexual en Oaxaca y la necesidad de combatir la impunidad en estos delitos. Aunque las cifras oficiales de denuncias por violación en el estado son relativamente bajas en comparación con otras entidades, esto no significa que la incidencia del delito sea menor.
Expertos señalan que la subregistro de casos de violación es un problema común en todo México, debido a diversos factores como el miedo de las víctimas a denunciar, la revictimización y la falta de confianza en las instituciones.
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Este caso debe servir como un llamado a las autoridades para redoblar esfuerzos en la lucha contra la violencia sexual y garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia. Asimismo, es fundamental que la sociedad en su conjunto se involucre en la prevención de estos delitos y en la creación de un entorno seguro para todas las personas.
Es necesario fortalecer los mecanismos de denuncia, brindar acompañamiento integral a las víctimas y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. Además, se debe trabajar en la prevención de la violencia de género a través de programas educativos y campañas de sensibilización.
