Francisco Pérez Lobato, empresario y exdirector jurídico de Gigante Grupo Inmobiliario, fue detenido en Tulum, Quintana Roo, luego de estar prófugo por más de ocho meses. Está acusado de un presunto fraude relacionado con el desarrollo inmobiliario de lujo SÚUT, ubicado en Playa del Carmen, que quedó inconcluso y ha generado pérdidas millonarias a clientes e instituciones financieras.
Pérez Lobato, quien dirigía la empresa Desarrollos Turísticos LT, habría utilizado de manera indebida un crédito de 90 millones 600 mil pesos, destinado a la construcción del complejo habitacional. Además, las autoridades señalan que desvió recursos provenientes de la preventa de los 91 departamentos del proyecto, elevando el presunto fraude a un monto superior a 200 millones de pesos.
Un proyecto abandonado y devastado por el tiempo
El desarrollo inmobiliario, que prometía ser un símbolo de lujo en Playa del Carmen, permanece abandonado. Los 91 departamentos que conformarían el complejo no han sido terminados ni entregados. Las estructuras muestran daños significativos, como ventanas rotas por huracanes, humedad y deterioro debido al abandono.
Las investigaciones revelaron que Pérez Lobato y su hijo, Ian Pérez López, realizaron transferencias millonarias durante la administración del proyecto. Estos recursos presuntamente se utilizaron para la adquisición de bienes de lujo y propiedades personales. Ian Pérez López continúa prófugo.
La constructora Carsa, que inicialmente estuvo a cargo del proyecto, asegura no tener relación con Pérez Lobato desde hace más de seis meses y niega cualquier responsabilidad en el caso.
La búsqueda de justicia
La detención de Francisco Pérez Lobato fue posible gracias a un operativo conjunto entre autoridades de Quintana Roo y la Ciudad de México. Fue capturado la noche del pasado 26 de noviembre por elementos de la policía ministerial y trasladado a la fiscalía estatal, donde enfrentará las acusaciones en su contra.
Entre los denunciantes figuran compradores afectados y la institución financiera que otorgó el crédito, representada legalmente por el abogado Gabriel Castañeda, socio del despacho Nassar Nassar y Asociados.
Los afectados exigen la devolución de su dinero y justicia ante el daño financiero y moral causado. El caso pone nuevamente bajo la lupa las prácticas fraudulentas en el sector inmobiliario y la necesidad de mayor regulación y supervisión en los desarrollos de lujo en la Riviera Maya.
