Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, se encuentra un paso más cerca de enfrentar a la justicia. Una jueza federal ha negado la protección legal al exmandatario, lo que significa que la orden de aprehensión en su contra por una serie de graves delitos se mantiene firme.
La decisión fue emitida por Jovita Vargas Alarcón, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal, quien hoy hizo pública su resolución de sobreseer parte de la demanda de amparo y, crucialmente, negar la protección de la justicia contra el mandato judicial que busca la detención de Aureoles Conejo.
Esta determinación judicial se relaciona con acusaciones de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Los cargos se derivan de un presunto desfalco que ascendería a la impresionante suma de 3 mil 412 millones de pesos. El supuesto quebranto se habría originado por la adquisición con sobreprecio de cuarteles destinados a la Guardia Civil en Michoacán.
La situación legal del exgobernador se complicó hace apenas un par de semanas, cuando la misma jueza Vargas Alarcón dejó sin efecto la suspensión definitiva que había impedido su arresto durante varios meses. En aquella ocasión, la juzgadora explicó que Aureoles no había cumplido con las medidas de aseguramiento que le fueron impuestas para mantener la suspensión activa.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado directamente a Silvano Aureoles y a cuatro de sus excolaboradores como los presuntos responsables de este daño patrimonial. La investigación se centra en la compra inflada de cuarteles para la Guardia Civil en diversos municipios michoacanos, entre ellos Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
En un desarrollo previo, la jueza de control Patricia Sánchez Nava, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Oriente y quien originalmente libró la orden de aprehensión, ya había citado al exgobernador. Se espera que Aureoles Conejo comparezca en una audiencia inicial programada para el próximo 20 de agosto, donde la FGR formalizará la imputación por los delitos mencionados.
Con esta última resolución, el cerco judicial sobre Silvano Aureoles Conejo parece estrecharse, acercándolo a un posible juicio por las acusaciones de corrupción y malversación de fondos públicos durante su gestión.
Con información de Milenio
