El carnaval anual de la comunidad de Xaltepuxtla se encuentra bajo el escrutinio público tras la difusión de videos que muestran la decapitación de gallinas vivas como parte de las festividades. Lo que para los habitantes representa un acto de «usos y costumbres», para activistas y defensores de los derechos animales constituye un delito de maltrato animal tipificado en la legislación poblana.
La polémica estalló en plataformas digitales cuando usuarios, entre ellos la activista Paola Zárate, compartieron imágenes en tiempo real del evento. «Ayúdenme a difundir… miren cómo torturan a las gallinas», denunció Zárate, detonando una ola de indignación que ha escalado a nivel nacional.
Mientras una parte de la población local defiende la práctica como un elemento de identidad cultural heredado por generaciones, organizaciones civiles han sido tajantes al señalar que ninguna tradición está por encima del marco legal.
El colectivo Movimiento Organizado de Mujeres Serranas (MOMS) ha solicitado formalmente la intervención de la Fiscalía General del Estado de Puebla. La organización argumenta que la transmisión en vivo dejó evidencia clara de lo que califican como «crueldad extrema», exigiendo que se apliquen las sanciones correspondientes.
En el estado de Puebla, la Ley de Bienestar Animal es estricta respecto a los actos de violencia contra los animales. La normativa prohíbe el maltrato y la muerte de ejemplares cuando no existen fines productivos regulados o bajo estándares de sacrificio humanitario.
Las sanciones por maltrato animal en la entidad no solo son administrativas, sino que pueden derivar en responsabilidades penales para los organizadores y participantes de estos actos.
Este incidente no es el primero en poner a prueba la tolerancia de las autoridades hacia prácticas tradicionales con animales. Recientemente, la presión social logró la suspensión de la actividad denominada “puerquito encebado” en municipios como Venustiano Carranza, Huehuetla y Teteles de Ávila Castillo.
Sin embargo, el panorama es desigual: mientras que algunos ayuntamientos han optado por retirar estos eventos de sus ferias para evitar conflictos legales, en demarcaciones como Quecholac, actividades similares se han llevado a cabo a pesar de las protestas ciudadanas.
Se espera que en las próximas horas la Secretaría de Medio Ambiente o el Instituto de Bienestar Animal del estado emitan un posicionamiento oficial respecto a los hechos ocurridos en Xaltepuxtla y determinen si habrá clausuras o multas para los responsables.
Con información de Milenio
