A medida que avanzan las investigaciones por el fallecimiento de Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, nuevos y escabrosos detalles han salido a la luz. Testigos del incidente ocurrido en el centro turístico ‘Entre Flores’ denuncian que el personal del establecimiento habría intentado encubrir las circunstancias reales del accidente que le costó la vida a la joven.
De acuerdo con las reconstrucciones del caso, Yuris Cristel manifestó un notable temor antes de lanzarse por la atracción. Minutos antes del impacto fatal, la joven preguntó reiteradamente a los encargados si contaría con asistencia al llegar a la base del tobogán.
Mientras ella buscaba garantías de seguridad, el empleado se limitó a darle instrucciones técnicas sobre la postura de las piernas y el uso de la llanta neumática, sin que aparentemente se activara un protocolo de recepción adecuado para la velocidad del trayecto en esta zona turística de Chinácota.
El detalle más polémico, revelado por fuentes citadas por el diario El Tiempo, apunta a una presunta maniobra de distracción por parte de la administración del lugar. Testigos afirman que, tras el accidente, empleados del centro turístico abordaron a la amiga que acompañaba a Yuris para persuadirla de mentir a las autoridades.
«Le pidieron que dijera que el accidente había ocurrido en la zona de cuatrimotos y no en el área del tobogán», señaló una fuente protegida.
Aunque se desconoce si esta petición respondía a irregularidades con las pólizas de seguro o a la falta de permisos de la atracción, el intento de manipulación quedó invalidado por un video que se viralizó en redes sociales, donde se observa claramente el momento del siniestro en la estructura acuática.
Ante la gravedad de las denuncias y la evidencia audiovisual, la Policía informó que el centro turístico ‘Entre Flores’ permanece clausurado. Las autoridades realizan diligencias para determinar si existió negligencia criminal en el mantenimiento de la atracción o en la capacitación del personal.
Por su parte, los propietarios del establecimiento han contratado a la firma Jaimes Chía y Abogados Asociados, un reconocido bufete de Cúcuta especializado en litigios complejos, para hacer frente a la investigación judicial. El caso ha generado una fuerte indignación en el sector turístico de Norte de Santander, donde se exige una regulación más estricta para los parques de aventura.
Con información de Heraldo
