La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, compareció formalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) en medio de un clima de alta tensión política. Tras concluir la diligencia, la mandataria estatal denunció de manera pública ser víctima de una persecución de Estado, asegurando que las autoridades federales buscan «fabricarle un caso» debido a que hasta la fecha no han presentado ninguna prueba sólida en su contra.
Campos detalló que el citatorio oficial fue emitido bajo la figura jurídica de testigo; sin embargo, acusó que el desarrollo del interrogatorio y el trato recibido por parte de los ministerios públicos federales tuvo la clara consigna de tratarla como una inculpada.
Durante su encuentro con los medios de comunicación, la gobernadora chihuahuense cuestionó con dureza los supuestos criterios selectivos de la FGR, contrastando su situación con la de otros gobernantes de la bancada oficialista.
«A mí me citan como delincuente, mientras que al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, lo invitan como amigo», fustigó la mandataria.
Por otra parte, Campos defendió la postura de su administración y aseguró que el Gobierno del Estado de Chihuahua ha mantenido una política de puertas abiertas y colaboración irrestricta con las fuerzas federales en las investigaciones derivadas del fuerte operativo militar y civil desplegado en la Sierra del Pinal el pasado mes de abril.
Ante el citatorio a la gobernadora, la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), encabezada por Jorge Romero, cerró filas en su defensa y acusó a la FGR de saltarse los canales constitucionales:
- Violación al fuero: Romero argumentó que, por la naturaleza de su cargo, la Fiscalía incurrió en una grave falta al debido proceso y al pacto federal.
- Procedimiento omitido: El líder blanquiazul señaló que, antes de citar a comparecer a una gobernadora en funciones, el órgano de justicia debió tramitar y dar vista de forma prioritaria a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.
La comparecencia de Maru Campos profundiza la brecha entre el gobierno panista de Chihuahua y las agencias de seguridad del Gobierno Federal. Mientras la FGR mantiene bajo reserva las líneas de investigación que motivaron el citatorio, analistas políticos advierten que el caso se perfila para convertirse en una intensa batalla jurídica que se trasladará a los pasillos del Congreso de la Unión debido al debate sobre el fuero constitucional de los ejecutivos locales.
Con información de Heraldo
