La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha sacudido los mercados internacionales al ordenar la imposición de nuevos aranceles a productos provenientes de 60 naciones. La Casa Blanca justificó la agresiva medida al dictaminar que dichos socios comerciales no han implementado de manera efectiva regulaciones para «prohibir la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso». Entre las economías afectadas destacan sus principales socios regionales como México y Canadá, además de naciones sudamericanas como Argentina.
El anuncio formal fue realizado por el representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, quien sostuvo que la medida busca erradicar prácticas que vulneran los derechos humanos y que, a su vez, generan condiciones de competencia desleal frente a la industria y la mano de obra estadounidense.
Según los informes detallados por la oficina de la USTR, estas sanciones arancelarias representan el desenlace de una exhaustiva serie de investigaciones iniciadas en marzo de 2026. El proceso legal se amparó en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un histórico mecanismo de presión que Washington utiliza de forma unilateral para responder a políticas comerciales de otros gobiernos que considera injustas o lesivas para sus intereses.
La resolución no aplica un castigo uniforme, sino que tabula los niveles impositivos con base en los esfuerzos normativos previos detectados en cada una de las economías bajo la lupa.
La USTR dividió a las naciones sancionadas en categorías según sus compromisos previos contra la explotación laboral:
- Gravamen del 10% (Socios con avances parciales): México, Canadá, Argentina, India, Malasia, Guatemala, Honduras, Ecuador, El Salvador, Reino Unido, Pakistán e Indonesia. El dictamen matiza que este grupo cuenta con prohibiciones básicas vigentes o ha asumido compromisos formales para reforzarlas.
- Tarifas del 10% al 12.5%: Productos seleccionados procedentes de potencias tecnológicas y comerciales como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Suiza y Taiwán.
- Tarifa general del 12.5%: Aplicable al resto de las naciones incluidas en la lista de investigación que no demostraron controles estrictos.
Jamieson Greer enfatizó que, mientras Estados Unidos mantiene desde hace décadas un veto riguroso a los bienes de procedencia forzosa, sus aliados internacionales se han mostrado laxos en la aplicación de sus leyes internas. La investigación de la USTR que sustentó el decreto presidencial no fue menor: incluyó consultas bilaterales con más de 45 administraciones extranjeras, dos rondas de audiencias públicas masivas y la revisión técnica de más de 3,700 comentarios aportados por cámaras empresariales, organizaciones civiles y corporaciones.
Pese a la dureza del decreto, el gobierno de Donald Trump dejó una ventana abierta a la flexibilidad comercial mediante una lista de bienes exentos. La Casa Blanca especificó que no se tasarán aquellas materias primas cuya restricción ponga en riesgo el abastecimiento de las cadenas de producción estadounidenses, productos que amenacen con generar choques inflacionarios internos y ciertos artículos específicos de países que demuestren progresos inmediatos en el endurecimiento de sus aduanas contra el trabajo forzoso.
Con información de Heraldo
