Un alto capo del narcotráfico identificado como José Gil Caro Quintero, alias «JJ» y/o «Pelo Chino», fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de Marina en un restaurante de la colonia Maya, ubicado en la avenida Tulum.
José Gil es sobrino del poderoso narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, lo que parecía ser un importante logro en la lucha contra el crimen organizado en México se convirtió en un escándalo de corrupción que ha sacudido a Quintana Roo.
En un sorprendente giro de los acontecimientos, se ha revelado que dos agentes de la Policía Ministerial, personas de confianza del actual fiscal general del Estado de Chiapas, Raciel López, liberaron al capo de la droga a cambio de una suma colosal de 15 millones de pesos.
La liberación de Caro Quintero se llevó a cabo después de que el líder criminal amenazara a los agentes con represalias de su organización.
Lo que hace que este escándalo sea aún más impactante es que los hechos quedaron registrados en una cámara de vigilancia.
Dos de los agentes implicados fueron detenidos, mientras que un tercero logró escapar, llevándose consigo parte del dinero obtenido en el soborno.
Las investigaciones apuntan a que la orden para liberar al capo de la droga fue emitida por Josué Cárdenas Rosales y León Toro Peña, quienes dieron instrucciones a los agentes Christian Arjo y Alberto Gapi para recibir la suma de 15 millones de pesos.
Este dinero fue entregado en el Hotel Mayakobá, ubicado en Playa del Carmen, donde Gil Caro Quintero estaba hospedado.
El escándalo ha provocado una fuerte presión por parte de la sociedad y los medios de comunicación, exigiendo transparencia en las investigaciones y la rendición de cuentas.
Ante esta presión, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado en el que anunció la apertura de una carpeta de investigación y la citación de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Marina y Policía Ministerial para que declaren sobre estos hechos.
La revelación de este caso ha dejado al descubierto una red de corrupción y complicidades que involucra a personas cercanas al actual fiscal general del estado, Raciel López, y al grupo Chiapas.
Los detenidos son originarios de Chiapas y se trata de personas de confianza de López, lo que ha generado aún más indignación y cuestionamientos sobre la integridad del sistema de justicia en la región.