En una operación de alto impacto denominada «Operación Enjambre», fuerzas federales detuvieron durante las primeras horas de este 5 de febrero a Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco. Al edil se le vincula con una red de corrupción, extorsión a empresarios y presuntos nexos operativos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la captura es el resultado de un seguimiento minucioso a denuncias ciudadanas que señalaban un esquema de cobro de piso y desvío de recursos públicos en el emblemático municipio tequilero.
La intervención no se limitó al alcalde. En un despliegue coordinado por la SEDENA, SEMAR, FGR y el CNI, se ejecutaron cinco cateos simultáneos que derivaron en la detención de tres figuras clave del Ayuntamiento:
- Juan Manuel Pérez Sosa: Director de Seguridad Pública.
- Juan Gabriel Toribio Villarreal: Director de Catastro y Predial.
- Isaac Carbajal Villaseñor: Director de Obras Públicas.
Según las investigaciones, estos funcionarios habrían utilizado sus cargos para articular una red de corrupción que exigía pagos ilegales a comerciantes y, de manera específica, a empresas cerveceras y tequileras de la región.
Las sospechas sobre Rivera Navarro no son nuevas. Las autoridades recordaron que en mayo de 2025, el edil fue citado por la Fiscalía estatal tras un polémico concierto de Los Alegres del Barranco. Durante dicho evento, se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», líder máximo del CJNG, lo que encendió las alarmas sobre la posible subordinación del gobierno local a la estructura delictiva.
Diego Rivera Navarro asumió la alcaldía en 2024 tras una elección sumamente cerrada, definida por apenas 800 votos de diferencia. Desde el inicio de su gestión, el municipio de Tequila se vio envuelto en señalamientos de opacidad y nexos con células criminales.
Los detenidos han sido trasladados para ser puestos a disposición de las autoridades federales, mientras la FGR continúa con el peritaje de los documentos y dispositivos incautados durante los cateos para determinar el alcance total del desvío de recursos del erario.
Con información de Milenio
