La edición del Acamoto 2026 se encuentra en el ojo del huracán tras la difusión masiva de un video en redes sociales que ha encendido la indignación de habitantes, turistas y colectivos ambientalistas. Las imágenes captan el momento exacto en que motocicletas y vehículos todo terreno tipo RZR ingresaron ilegalmente a la franja de arena, llegando incluso a navegar y realizar maniobras dentro del mar.
El metraje, grabado por testigos en el lugar, evidencia la preocupante falta de control en ciertos sectores de la zona hotelera del puerto. Los conductores de estas unidades motorizadas no solo violaron las normativas ambientales, sino que pusieron en riesgo inminente la integridad física de los bañistas que descansaban en la playa.
Aunque el tradicional evento congrega anualmente a miles de entusiastas de los motores de toda la República, los residentes del puerto han reactivado sus quejas debido a que el habitual caos vial y el exceso de ruido escalaron esta vez a una invasión directa de los recursos naturales. Ante la situación, elementos de la policía municipal, estatal y la Guardia Nacional tuvieron que desplegar operativos de emergencia para recuperar el orden.
De acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN), las playas son bienes de uso común, inalienables e imprescriptibles, lo que significa que el acceso a pie de los asistentes del Acamoto es completamente legal. No lo es, bajo ninguna circunstancia, la introducción de vehículos motorizados al ecosistema marino.
La ola de exigencias ciudadanas se ha dirigido formalmente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para identificar a los infractores mediante las matrículas visibles en los videos. Los responsables se enfrentan a severas sanciones basadas en el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo-Terrestre y Terrenos Ganados al Mar.
Específicamente, el Artículo 7 de dicho reglamento faculta a las autoridades para restringir actividades y vehículos que pongan en peligro a los usuarios y prohíbe tajantemente cualquier acto que contamine las áreas públicas.
Quienes hayan infringido estas limitaciones y prohibiciones se harán acreedores a multas económicas que van de las 10 a las 500 veces el salario mínimo general diario vigente, además de las posibles responsabilidades penales por el daño causado al entorno marítimo de Acapulco.
Con información de Heraldo
