La devastación ambiental en Playa del Carmen ha alcanzado un nuevo nivel de impunidad. La desarrolladora Promotora Residencial, responsable del proyecto Marsella IV, violó abiertamente los sellos de clausura impuestos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el pasado miércoles. A pesar de la intervención federal, la maquinaria no se detuvo y la tala de selva continuó como si las leyes no existieran. Este acto no solo representa una burla al estado de derecho, sino también una amenaza directa al frágil ecosistema que habita en la zona.
La clausura de la obra se originó tras una denuncia pública presentada por el colectivo científico Cenotes Urbanos, encabezado por el espeleólogo y biólogo Roberto Rojo, quien documentó que la constructora mintió descaradamente en su manifestación de impacto ambiental.
Según los datos oficiales del proyecto, sólo había cinco especies silvestres en el área; sin embargo, Cenotes Urbanos identificó más de 200 especies, muchas de ellas vulnerables o en peligro de extinción como lo es la anguila ciega. Entre la fauna afectada se encuentran aves, reptiles, mamíferos y anfibios que, al perder su hábitat, corren el riesgo de invadir zonas urbanas o morir atropellados, como ya ha sucedido en zonas como Playacar.
La respuesta institucional ha sido insuficiente. A pesar de la colocación de los sellos, la constructora reanudó labores como si nada, pasando por alto la autoridad federal y evidenciando la debilidad del cumplimiento legal en Quintana Roo. La impunidad con la que actúan muchas empresas en el estado es un reflejo de una política de “vista gorda” que beneficia al dinero por encima del medio ambiente. Las multas parecen ser parte del presupuesto de estas empresas, que simplemente prefieren pagar por destruir que respetar la ley.
Roberto Rojo fue claro: no se oponen al desarrollo, pero sí exigen un desarrollo inteligente, sustentable y respetuoso del entorno natural. En lugar de armonizar con la naturaleza, Promotora Residencial ha optado por aniquilarla para dar paso a más concreto, ignorando completamente las consecuencias ecológicas. Es inaceptable que, en pleno 2025 y con toda la información científica disponible, se sigan repitiendo estos atropellos como si no existieran consecuencias.
Quintana Roo vive del turismo, y su principal activo es la naturaleza: selvas, cenotes, fauna silvestre. Sin eso, el modelo económico colapsa. ¿Qué sentido tiene seguir vendiendo “paraísos naturales” cuando ya no queda nada natural que mostrar? Si las autoridades no actúan con fuerza y contundencia ante este tipo de crímenes ambientales, están siendo cómplices. Hoy son los árboles, los venados, los mapaches… mañana serán los recursos hídricos, la salud y el futuro.
La ciudadanía exige respuestas. No basta con clausuras simbólicas: urge una acción ejemplar que detenga esta voracidad ambiental, y que siente un precedente para que ninguna empresa se atreva a pasar por encima de la ley sin enfrentar consecuencias reales.
