Un caso de deportación ha encendido las alarmas en la comunidad internacional y en el Congreso de los Estados Unidos. Juan Nicolás, un bebé mexicano de apenas dos meses de vida que padece problemas respiratorios crónicos, fue repatriado a México junto a su familia tras permanecer tres semanas bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El menor pasó prácticamente la mitad de su corta vida en el Centro de Procesamiento Migratorio de Dilley, en San Antonio, donde su estado de salud se deterioró significativamente.
De acuerdo con los testimonios de su madre, Mireya López Sánchez, el pequeño estuvo «constantemente enfermo» durante su detención, presentando cuadros de vómito y dificultades para respirar. La situación alcanzó un punto crítico el pasado lunes, cuando el bebé tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital local bajo custodia federal, donde fue diagnosticado con bronquitis.
A pesar de la fragilidad de su salud, la familia —integrada por Mireya, el padre y otra menor de 16 meses— fue notificada de su deportación apenas unas horas después de que el bebé recibiera el alta médica.
El congresista demócrata por Texas, Joaquín Castro, ha sido la voz principal en la denuncia de este operativo, calificando la acción de las autoridades migratorias como «atroz». Según Castro, la familia fue abandonada en la frontera el pasado 17 de febrero con recursos mínimos para subsistir.
«ICE deportó a la familia solo con el dinero que tenían en su comisariato, un total de 190 dólares. Deportar innecesariamente a un bebé enfermo es una acción monstruosa. Estamos concentrados en garantizar su seguridad y exigir cuentas», sentenció el legislador a través de su cuenta de X.
El caso ha generado una guerra de declaraciones. Mientras la familia denuncia haber sido lanzada a la frontera sin apoyo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que la madre rechazó una oferta de 2,600 dólares y un vuelo de retorno gratuito hacia su lugar de origen, versión que la defensa de la familia cuestiona.
Actualmente, Mireya López y su familia se encuentran refugiados en una habitación en la zona fronteriza del lado mexicano. En una entrevista concedida a la cadena Univisión, la madre manifestó su desesperación:
«No tenemos nada. Pido atención para mis hijos porque están totalmente desprotegidos; Juan Nicolás continúa enfermo».
Este incidente ocurre en un momento de alta tensión política sobre el manejo de unidades familiares en centros de detención. Organizaciones civiles señalan que el Centro de Dilley no cuenta con las condiciones óptimas para la estancia prolongada de neonatos, especialmente aquellos con condiciones médicas preexistentes, lo que pone de relieve la vulnerabilidad de los menores en los procesos de expulsión acelerada.
Con información de Heraldo
