La Fiscalía General de la República (FGR) intensificó las investigaciones en torno al operativo realizado en la Sierra de El Pinal, Chihuahua, citando a comparecer a cerca de 50 personas involucradas en dicha acción. Las indagatorias buscan esclarecer las circunstancias del accidente carretero del pasado 19 de abril, en el cual perdieron la vida dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
El vocero del organismo y fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, advirtió a través de un mensaje en video que se aplicará «todo el peso de la ley» ante la posible comisión de delitos que vulneren la seguridad nacional. La FGR sopesa actualmente acusaciones por traición a la patria debido a la participación de personal extranjero en operativos dentro de territorio mexicano.
“La FGR reitera que investigará de manera exhaustiva lo ocurrido, con la finalidad de conocer la verdad de los hechos y aplicar todo el peso de la ley en contra de quien resulte responsable”, puntualizó el fiscal.
Como parte de la indagatoria, se han emitido requerimientos legales a distintas autoridades para verificar puntos críticos del operativo:
- Acreditaciones: Se investiga la existencia y el estatus legal de las autorizaciones de seguridad de los agentes estadounidenses fallecidos.
- Conocimiento previo: La fiscalía busca determinar si el gobierno de Chihuahua tenía conocimiento oficial de la presencia de los elementos de la CIA en la zona.
- Justificación jurídica: Se analizan las condiciones legales que motivaron y trazaron el operativo en el municipio de Morelos.
La muerte de los agentes extranjeros salió a la luz pública el 19 de abril, tras ser confirmada por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, y el entonces fiscal estatal, César Jáuregui. En el siniestro también fallecieron dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua.
Actualmente, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) lidera la investigación sobre la colaboración entre el gobierno de María Eugenia Campos y los agentes de la CIA, con el fin de determinar si se respetaron los marcos jurídicos de cooperación internacional.
Con información de Heraldo
