La Fiscalía de Nayarit obtuvo al menos cuatro órdenes de aprehensión contra habitantes y activistas que participaron en las protestas contra el desarrollo inmobiliario en Playa Las Cocinas, en Punta de Mita, Bahía de Banderas, un caso que organizaciones y defensores consideran un posible acto de represalia por activismo ambiental.
El conflicto inició por las manifestaciones contra las obras impulsadas por la empresa Cantiles de Mita, filial de Grupo DINE, acusada por pobladores de intervenir una zona costera donde existen áreas de anidación de tortugas y espacios considerados parte de la Zona Federal Marítimo Terrestre.
De acuerdo con reportes periodísticos y abogados del caso, las acusaciones incluyen amenazas, daños a la propiedad, apología del delito y asociación delictuosa. Sin embargo, hasta ahora no se han hecho públicos actos violentos graves o delitos de alto impacto presuntamente cometidos por los manifestantes.
Incluso medios nacionales documentaron que, tras las primeras protestas y detenciones ocurridas en abril, las movilizaciones cambiaron de tono y se mantuvieron principalmente como actos pacíficos, reuniones comunitarias, presencia simbólica en la playa y denuncias en redes sociales.
Defensores del territorio y organizaciones ambientales sostienen que la rapidez con la que avanzó el proceso judicial contrasta con otros casos penales y podría representar una forma de criminalización de la protesta social y ambiental.
El caso también ocurre en un contexto de tensión ambiental en la región. Habitantes denunciaron presunta remoción de arena, alteración del ecosistema costero y afectaciones a zonas de desove de tortugas marinas, mientras autoridades municipales y ambientales reconocieron irregularidades y falta de permisos definitivos para algunas obras vinculadas al proyecto.
Aunque la empresa desarrolladora asegura contar con autorizaciones federales y rechaza haber cometido irregularidades, colectivos y vecinos advierten que el uso de procesos penales contra manifestantes puede generar un efecto de intimidación contra quienes se oponen a megaproyectos turísticos en la costa de Nayarit.
