La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará en los próximos días —previsiblemente este miércoles— un proyecto de sentencia relacionado con el litigio sobre el uso de elementos del patrimonio cultural del pueblo maya por parte de Grupo Xcaret, un caso que lleva varios años en disputa y que ha abierto el debate sobre los límites entre la promoción cultural y la explotación comercial.
El asunto que revisará la Segunda Sala deriva de un recurso de revisión en un incidente de suspensión, en el marco de un procedimiento que originalmente se tramitó ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Dicho proceso fue iniciado por el Gran Consejo Maya de Quintana Roo, que promovió acciones legales en defensa del patrimonio cultural maya.
De acuerdo con un posicionamiento difundido este 16 de marzo, el Consejo recordó que su personalidad fue reconocida por la autoridad administrativa, lo que permitió llevar adelante el procedimiento. Sin embargo, durante el litigio ambas partes entablaron un diálogo que derivó en la firma de un acuerdo denominado “Contrato de Transición”.
Ese acuerdo estableció mecanismos de colaboración y lineamientos para el uso respetuoso de elementos culturales, lo que llevó al Consejo a desistirse del procedimiento administrativo en 2023, decisión que fue aceptada formalmente por INDAUTOR.
En su pronunciamiento, el organismo indígena subrayó que dicho desistimiento se realizó en ejercicio de su autonomía y conforme a su carácter de máxima instancia de representación indígena en Quintana Roo. También enfatizó que el proceso incluyó convocatorias abiertas a integrantes del pueblo maya, aunque la participación fue limitada.
El caso que ahora llega a la Corte no gira únicamente en torno al acuerdo alcanzado, sino a la legalidad de las medidas cautelares y a los alcances de la protección del patrimonio cultural indígena frente a su uso por empresas privadas, un tema que ha generado posturas encontradas entre comunidades, especialistas y el sector turístico.
En días recientes, Grupo Xcaret señaló que será respetuoso de la resolución que emita la Corte, en medio de un contexto donde el turismo cultural representa una de las principales actividades económicas en el Caribe mexicano.
El Gran Consejo Maya de Quintana Roo, por su parte, expresó confianza en que el máximo tribunal realizará un análisis integral del caso, tomando en cuenta los antecedentes del procedimiento y el reconocimiento institucional del propio Consejo.
La resolución que emita la SCJN podría sentar un precedente relevante sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el uso comercial de su patrimonio cultural en México.
