En una audiencia marcada por la tensión y el reclamo de justicia, la Fiscalía General del Estado (FGE) imputó formalmente a Osmar «N», de 15 años, por los delitos de feminicidio y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. El menor es señalado como el autor material del asesinato de dos docentes en el colegio privado Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas.
De acuerdo con el análisis de los videos de seguridad de la institución, el ataque fue directo. Las víctimas, la coordinadora académica María del Rosario Sagrero Chávez y la profesora Tatiana Madrigal Bedolla, se encontraban en el mostrador de la entrada principal cuando fueron sorprendidas.
Las investigaciones revelaron una logística alarmante para un menor de edad:
- El arma: Un fusil AR-15, calibre 5.56, equipo utilizado habitualmente por fuerzas de élite.
- El método: El adolescente sustrajo el arma de su domicilio y la ingresó al plantel oculta en un estuche de guitarra.
- La ejecución: Tras disparar por la espalda a la coordinadora Sagrero Chávez, el agresor persiguió a la profesora Madrigal Bedolla, quien intentó refugiarse bajo el mostrador, donde finalmente recibió una descarga del fusil.
En el lugar de los hechos, las autoridades recolectaron el estuche de guitarra con 46 cartuchos útiles, evidencia que ya forma parte de la carpeta de investigación.
La audiencia comenzó a las 10:30 horas ante un juez especializado en el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. Osmar «N» estuvo acompañado por sus padres, quienes también han sido interrogados para deslindar responsabilidades sobre el origen del arma de alto poder en su domicilio.
La defensa del menor solicitó la duplicidad del término constitucional, una medida legal para postergar la resolución de su situación jurídica. Por ello, la audiencia se reanudará el próximo lunes 30 de marzo a las 9:00 horas. Mientras tanto, el joven permanece retenido en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes en Morelia.
El caso ha generado una profunda indignación en Michoacán, no solo por la brutalidad del acto —el cual el joven presumió en redes sociales con fotos y videos previo al ataque— sino por el marco legal vigente.
Familiares y amigos de las víctimas han manifestado su temor de que la sentencia no sea proporcional al crimen. Según la legislación actual para adolescentes, la pena máxima de internamiento podría ser de apenas 3 años, lo que ha desatado exigencias de una revisión a la ley ante delitos de tal gravedad.
«Fueron los mismos estudiantes y trabajadores quienes se armaron de valor para someterlo antes de que llegara la policía. No podemos permitir que este nivel de violencia quede sin una sanción ejemplar», señalaron allegados a las maestras fallecidas.
Con información de Excélsior
