En un giro inesperado, Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán, ha obtenido una suspensión provisional que impide su arresto, a pesar de una orden de captura emitida en su contra por presuntos delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La orden de aprehensión se deriva de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que acusa a Aureoles y a cuatro de sus ex colaboradores de un daño patrimonial estimado en 3,400 millones de pesos. Este presunto desfalco está vinculado a la compra de cuarteles para la Guardia Civil en diversos municipios de Michoacán, incluyendo Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, adquisiciones que la FGR califica de sobrevaloradas.
La suspensión provisional fue otorgada por un secretario en funciones de juez del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal, quien admitió a trámite la demanda de amparo presentada por Aureoles. Como condición para mantener la suspensión, el ex gobernador deberá depositar una garantía de 52,000 pesos en un plazo de cinco días.
El acuerdo judicial especifica que la suspensión tiene como objetivo mantener el statu quo y evitar la ejecución de la orden de arresto hasta que se resuelva la suspensión definitiva. Además, se aclara que la suspensión impide la privación de la libertad de Aureoles, incluso si en el proceso penal se le impusiera prisión preventiva justificada.
Este caso ha generado gran expectación, especialmente después de que, en marzo pasado, una jueza federal vinculara a proceso a cuatro ex funcionarios de la administración de Aureoles por su presunta participación en el mismo esquema de desfalco. Durante una audiencia maratónica de 22 horas, Patricia Sánchez Nava, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, procesó a Carlos Maldonado, ex secretario de Finanzas, entre otros.
La FGR sostiene que la adquisición de los cuarteles se realizó a precios inflados, resultando en un perjuicio significativo para el erario federal y estatal. La controversia continúa mientras se espera la resolución final sobre la suspensión definitiva y el desarrollo del proceso penal contra los implicados.
Con información de Milenio
