Con una mayoría de 73 votos a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó la creación de la Ley de Economía Digital, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que busca modernizar el sistema financiero nacional e incentivar la adopción obligatoria de canales de pago electrónicos.
La legislación tiene como propósito reducir el uso de dinero físico en transacciones cotidianas, argumentando incrementos en los niveles de eficiencia del mercado, mayor seguridad para los usuarios y la disminución de costos operativos.
El proyecto contempla la erradicación progresiva del efectivo en sectores estratégicos iniciales, tales como estaciones de servicio de gasolina y cobros en autopistas, para migrar hacia plataformas digitales. Sin embargo, las autoridades aclararon que la medida no implica la desaparición total del papel moneda en la economía nacional, sino su acotación en rubros específicos.
José Antonio Peña Merino expuso que cerca del 85 por ciento de las operaciones inferiores a 500 pesos en México se realizan actualmente en efectivo. Para transformar esta dinámica, el gobierno apuesta por masificar herramientas del Banco de México como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y el Cobro Digital (CoDi).
El dictamen generó fuertes críticas por parte del bloque opositor, cuyos legisladores advirtieron sobre el impacto financiero que la medida generará en el pequeño comercio y en el consumidor final.
- Efecto en precios y formalización: El senador José Máximo García (PAN) sostuvo que la norma provocará una «inflación digital por decreto», al forzar a comerciantes informales y de mercados a contratar internet y terminales bancarias que cobran comisiones de entre 1.5% y 4.5% por venta, costos que se trasladarán al precio de la canasta básica (huevo, leche y tortilla), además de forzar su fiscalización ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- Incompatibilidad normativa: La senadora Claudia Anaya (PRI) señaló la ausencia de un pronunciamiento del Banco de México y advirtió que la norma presenta cuatro antinomias directas con la Ley Monetaria vigente, cuestionando además que se apruebe una obligatoriedad inmediata dejando la lista definitiva de sectores a criterio posterior de la Secretaría de Hacienda.
El debate legislativo reflejó visiones encontradas sobre el fin último de la reforma. Mientras el senador Néstor Camarillo (Movimiento Ciudadano) calificó la medida como un mecanismo de fiscalización para extraer recursos a la población de bajos ingresos, el senador Gerardo Fernández Noroña (Morena) defendió la ley argumentando que la bancarización obligatoria cerrará el paso a la corrupción y al flujo de dinero de procedencia ilícita que no coincide con las declaraciones fiscales de los contribuyentes.
Con información de Heraldo
