Ocotlán, Jalisco — Lo que pretendía ser un acto público de rutina terminó con la carrera política de Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez. La regidora del municipio de Ocotlán anunció su separación inmediata del cargo este fin de semana, tras la indignación social y las acciones legales emprendidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El conflicto estalló luego de que la funcionaria de Movimiento Ciudadano (MC) fuera captada cargando a un mono araña, ejemplar catalogado como especie en peligro de extinción, durante un evento oficial el pasado domingo.
A través de un comunicado en sus redes sociales, Villarruel Gutiérrez reconoció el impacto negativo de sus acciones y admitió que la situación «no debió pasar».
«Comprendo la indignación y el enojo que este hecho ha provocado, por lo que he decidido separarme del cargo de Regidora de manera inmediata. Fue un error. No lo minimizo y no lo justifico. Lo lamento profundamente», expresó la ahora exfuncionaria.
Pese a haber interactuado con el primate en público, Villarruel ha negado sistemáticamente ser la propietaria del animal. Según informes de la Profepa, en los primeros acercamientos la regidora afirmó desconocer quién era el responsable del ejemplar.
La Profepa ya ha iniciado los procedimientos legales correspondientes, dado que la posesión y exhibición de fauna silvestre protegida sin los permisos adecuados constituye una violación federal. Ante esto, la exregidora aseguró estar colaborando «de manera absoluta» con las autoridades para esclarecer el origen del animal y confió en que el proceso se resolverá conforme a derecho.
Villarruel recalcó que su prioridad es que «se haga lo correcto» y que este tipo de incidentes no vuelvan a repetirse, comprometiéndose a «dar la cara» durante todo el desarrollo de la investigación.
El mono araña (Ateles geoffroyi) es una especie protegida por las leyes mexicanas debido a la drástica disminución de su población por la pérdida de hábitat y el tráfico ilegal. Expertos señalan que la interacción de funcionarios públicos con estos ejemplares suele normalizar de forma errónea su posesión como «mascotas», lo cual es un delito.
Con información de El Universal
