Los acuerdos y desacuerdos cupulares de la coalición oficialista, las pretensiones de la presidenta de la República de dictar una reforma electoral en lo oscuro de las oficinas de la Secretaría de Gobernación, así como las “negociaciones” entre unos cuantos dirigentes, están dando forma a una reforma electoral parcial y regresiva que, de aprobarse, debilitará nuestra democracia.
Así lo señalaron Danna Ramírez Saldaña, presidenta del Comité Municipal del PAN en Playa del Carmen, y Juan Novelo, consejero estatal de ese instituto político, quienes agregaron:
El momento actual está marcado por la incertidumbre y por decisiones autoritarias tomadas por una camarilla de arrogantes y soberbios dirigentes y funcionarios oficialistas. Por ello, hacemos un llamado a que se elabore, de manera plural y multidisciplinaria, una reforma electoral ciudadana y de gran calado que permita frenar y erradicar el acarreo, la distribución masiva de dádivas con fines de proselitismo político-electoral en cualquier temporalidad, así como la compra y coacción del voto. Esto debe lograrse mediante el fortalecimiento de las labores de fiscalización del INE y el otorgamiento de autonomía a las fiscalías especializadas en la atención de delitos electorales, entre otros temas relevantes.
Sostuvieron que es indispensable terminar con el dinero que circula debajo de la mesa, en su mayoría de procedencia incierta o ilícita, y que financia precampañas y campañas electorales. Este, afirmaron, es el punto toral que debe abordarse en cualquier reforma electoral, a fin de frenar de raíz los financiamientos paralelos e ilegales.
Subrayaron que nos encontramos en un momento fundamental para la historia de la democracia; por ello, es imprescindible blindar las elecciones frente a recursos provenientes del crimen organizado o de fondos de origen incierto. En ese sentido, consideraron esencial incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera en estas tareas, para prevenir financiamientos ilícitos y paralelos. Indicaron que, sin una inteligencia financiera permanente y efectiva, así como sin el apoyo de la policía cibernética, poco se podrá avanzar en las labores de fiscalización.
Panistas de convicción, con amplia trayectoria partidista y trabajo de territorio, coincidieron en que debe rechazarse cualquier reforma constitucional o legal dictada desde el Ejecutivo federal y en la que únicamente participe el oficialismo, pues —señalaron— solo atiende a sus intereses particulares.
“Pactar en lo oscuro es la forma más nefasta de hacer política”, afirmaron.
“Desde el PAN reiteramos nuestro llamado a que se convoque a un verdadero diálogo nacional y a la conformación de mesas de trabajo en las que participen representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, especialistas, académicos, operadores jurídicos, consultores en la materia, personas con experiencia en campañas electorales e interesados en general, para elaborar una agenda ciudadana con metas a corto, mediano y largo plazo, todo ello de cara a la sociedad”, resaltaron.
Aseveraron que la meta es garantizar, en los hechos, que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realice en tiempo y forma, mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, y que el Instituto Nacional Electoral y los órganos electorales estatales cumplan cabalmente su función de organizar los comicios con base en los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que rigen la materia electoral.
“Las y los mexicanos estamos hartos de elecciones amañadas y de autoridades electorales que no logran frenar con celeridad los actos anticipadísimos de precampaña, a los que se destinan millones de pesos de dudosa procedencia, entre otros hechos. Las pasadas elecciones del acordeón, que debilitaron al Poder Judicial federal y locales en detrimento de la división de poderes, fueron un error histórico”, indicaron.
“Reiteramos nuestro profundo rechazo a una reforma electoral opaca que no contemple un diálogo nacional ni un trabajo multidisciplinario, sino acuerdos cupulares y oficialistas que responden únicamente a las indicaciones del Ejecutivo federal, vía la Secretaría de Gobernación. Sus negociaciones se realizan debajo de la mesa y de espaldas a la ciudadanía. De aprobarse, será una reforma electoral sumamente parcial que debilitará nuestra democracia”, finalizaron.
