Ciudad de México — El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, ha sido formalmente vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de uso de recursos de procedencia ilícita. La decisión fue tomada por un juez federal tras la continuación de la audiencia inicial celebrada este fin de semana.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Duarte de haber desviado cerca de 96 millones de pesos destinados a un programa de apoyo al campo, afectando gravemente al erario del estado de Chihuahua.
Las investigaciones indican que el presunto desvío se orquestó entre 2012 y 2016, a través de dos empresas que presuntamente estaban a nombre del exmandatario. Los fondos desviados provenían de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua.
De la suma total, la FGR sostiene que al menos 73 millones de pesos fueron transferidos dolosamente a diversas cuentas de empresas donde Duarte sería el accionista mayoritario. Este esquema es el centro de la acusación por el uso de recursos de procedencia ilícita.
Un aspecto clave de la resolución judicial es el cambio de la medida cautelar. César Duarte ya se encontraba bajo prisión domiciliaria y portando un brazalete electrónico, siendo investigado por peculado en otra causa en Chihuahua.
Sin embargo, la jueza federal responsable del caso determinó que el exgobernador deberá permanecer en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México, mientras se resuelve su situación jurídica en este nuevo proceso.
El juez fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, un periodo que será crucial para la defensa. Si bien el Ministerio Público Federal había solicitado cuatro meses, la defensa del exgobernador pidió un lapso mayor, argumentando la necesidad de robustecer su estrategia legal. Pese a que los abogados de Duarte intentaron evitar la vinculación al esgrimir insuficiencia de datos en la investigación de la FGR, la jueza concedió el plazo de seis meses a petición de la defensa.
Con información de Milenio
