ESTADO DE MÉXICO. – La defensora de derechos humanos y bienestar animal, Zyanya Polastri, denunció públicamente ser víctima de una campaña de acoso e intimidación sistemática. Las agresiones surgieron a raíz de la difusión de un video en el que la exalcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez, admite haber ordenado la eutanasia de cientos de caninos durante su administración en dicho municipio mexiquense.
A través de un contundente mensaje en su cuenta oficial de Instagram, Polastri reveló que, tras la publicación del material de la conferencia de prensa, sus plataformas digitales han sido blanco de ataques. Según la activista, su cuenta de Facebook fue dada de baja mediante reportes masivos, una táctica común para silenciar voces críticas en entornos digitales.
«Tengo miedo, pero tengo más ganas de justicia…», declaró Polastri, subrayando la vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores de los derechos de los animales en la entidad.
Ante la gravedad de las intimidaciones recibidas, la activista lanzó un llamado urgente a colectivos animalistas y defensores de derechos humanos para que sigan de cerca su caso y no permitan que las denuncias queden en el olvido. Polastri responsabilizó indirectamente a los actores involucrados en la denuncia original por cualquier atentado que pudiera sufrir contra su integridad física.
«No dejen que la vida de ellos [los animales] ni la mía queden impunes», sentenció la activista, pidiendo a la ciudadanía que la información sea compartida de manera masiva como una forma de protección colectiva.
La polémica escaló tras la filtración de declaraciones en las que se detalla una política de sacrificio animal a gran escala durante la gestión de Gutiérrez, lo que ha provocado la indignación de organizaciones civiles que exigen una investigación profunda sobre los protocolos éticos y legales seguidos en los centros de control canino del municipio.
Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido un pronunciamiento oficial respecto a la protección de la activista, mientras que diversos sectores de la sociedad civil exigen garantías para el ejercicio de la denuncia ciudadana en el Estado de México.
Con información de Heraldo
