En un paso histórico para la legislación laboral en México, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobaron por unanimidad la minuta para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
La reforma, que modifica el artículo 123 constitucional, contempla una implementación progresiva que culminará en el año 2030. Se espera que el dictamen sea discutido y votado por el Pleno de la Cámara baja en las sesiones ordinarias de este martes o miércoles.
El documento, que no sufrió modificaciones respecto a lo enviado por el Senado, establece puntos clave para los trabajadores mexicanos:
- Reducción de la jornada: El límite máximo legal será de 40 horas por semana.
- Protección salarial: La transición será gradual y prohíbe estrictamente la disminución de sueldos o prestaciones.
- Control de horas extra: Se impone un nuevo tope al tiempo extraordinario de trabajo y se prohíbe que menores de 18 años realicen estas labores.
A pesar del aval unánime, la implementación no está exenta de tensiones. Los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN adelantaron que presentarán reservas. Sus principales preocupaciones se centran en la obligatoriedad de los dos días de descanso semanales y la necesidad de implementar apoyos fiscales para las PYMES, con el fin de mitigar el impacto económico que la medida podría generar en las pequeñas empresas.
Por su parte, la bancada del Partido del Trabajo (PT), en voz de la diputada Lilia Aguilar, lanzó duras críticas a la oposición, acusándola de «simulación política». Aguilar señaló que durante los 106 años de gobiernos previos al actual modelo, no hubo voluntad política para realizar cambios estructurales en favor del sector obrero.
«Estamos hablando de 106 años en que el neoliberalismo pudo haber cambiado las reformas en temas de derechos laborales y no lo hicieron», sentenció la legisladora durante su intervención.
De ser aprobada por el Pleno esta semana, la reforma constitucional pasará a los Congresos estatales, requiriendo la aprobación de la mitad más uno de las legislaturas locales para su promulgación final. Este cambio marcaría el ajuste más ambicioso al tiempo de trabajo en México en las últimas décadas.
Con información de Heraldo
