En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo, las autoridades españolas desarticularon una red de centros de llamadas que operaba bajo condiciones de semiesclavitud y maltrato psicológico. La investigación reveló que los encargados imponían castigos físicos y humillaciones públicas, incluyendo el lanzamiento de pasteles a la cara de los trabajadores con menor rendimiento.
La intervención policial se centró en sedes ubicadas en Madrid y Fuenlabrada, resultando en la detención de siete personas (cuatro hombres y tres mujeres) señaladas como los cabecillas de la organización. Hasta el momento, se han inspeccionado 15 locales donde se ejecutaban estas prácticas que atentan directamente contra la dignidad humana y los derechos laborales.
De los 48 empleados identificados en el lugar, la Inspección de Trabajo destacó un patrón de abuso sistemático:
- Situación migratoria: 31 de los trabajadores eran extranjeros en situación irregular, una condición de vulnerabilidad que los captores utilizaban para forzarlos a aceptar abusos.
- Falta de seguridad social: 16 personas no contaban con alta médica ni prestaciones, dejándolos desprotegidos ante cualquier eventualidad.
- Jornadas inhumanas: Los empleados eran obligados a trabajar horas extra sin remuneración, sin derecho a vacaciones ni días de descanso semanal.
La red no solo explotaba a sus trabajadores, sino que su actividad principal era la estafa a particulares. Siguiendo guiones estrictos, los operadores debían presionar a ciudadanos para contratar productos y servicios inexistentes o fraudulentos.
Para maximizar las «ventas», los gerentes implementaron un ranking diario de productividad. Aquellos que quedaban en el último lugar de la lista no solo eran reprendidos, sino que eran sometidos a un castigo denigrante frente a todo el equipo: recibir un «pastelazo» en el rostro como símbolo de su fracaso.
Los detenidos enfrentan cargos por delitos contra los derechos de los trabajadores, estafa y pertenencia a organización criminal. Por su parte, las autoridades han enfatizado que este caso es un ejemplo extremo de cómo la precariedad laboral puede derivar en actos de crueldad física y psicológica bajo el amparo de la ilegalidad.
Las imágenes de los castigos, que se viralizaron rápidamente, han generado una ola de indignación en Europa, reabriendo el debate sobre la necesidad de inspecciones más rigurosas en el sector de la teleoperación y la protección de los trabajadores migrantes.
Con información de Heraldo
