En lo que ha sido calificado como un fallo judicial sin precedentes, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) confirmó la sentencia definitiva en contra de Edgar Francisco Franco Ríos, abogado y titular del despacho «Punto Legal». El litigante fue condenado a un total acumulado de mil 18 años y cuatro meses de prisión tras ser hallado responsable de un fraude inmobiliario masivo que afectó de manera directa a 107 familias de la ciudad de León.
La detención de Franco Ríos se ejecutó originalmente en 2023, luego de que decenas de afectados interpusieran denuncias penales al percatarse de que el litigante comercializaba propiedades en supuestos remates bancarios sin contar con ninguna facultad o derecho legal para hacerlo.
Según la investigación detallada por la FGE, el sentenciado utilizaba las redes sociales como su principal plataforma de captación de víctimas. La mecánica del engaño consistía en los siguientes pasos:
- Precios atractivos: Publicaba listados con direcciones exactas (calle, número y colonia) de inmuebles que ofertaba a costos drásticamente inferiores a los del mercado real, promediando los 250 mil pesos por propiedad.
- Sesión de derechos falsas: Engañaba a los compradores asegurando que los inmuebles se adquirían mediante cesiones de derechos litigiosos o remates bancarios.
- Pagos al contado: Una vez que las víctimas acudían al despacho a cerrar el trato, el personal de Punto Legal les exigía el pago total en efectivo o de contado para supuestamente agilizar los trámites, dinero que nunca era destinado a la adquisición de las casas.
La resolución del Tribunal desglosa una penalidad masiva debido a la cantidad de carpetas de investigación acumuladas:
- Dos condenas sucesivas: La fiscalía estatal logró inicialmente una sentencia de 438 años y 4 meses de cárcel, a la que posteriormente se le sumó un segundo dictamen de 580 años, alcanzando la cifra histórica de mil 18 años de prisión por el delito de fraude.
- Límite en prisión: Pese a la magnitud matemática de la condena, el Código Penal vigente en el estado de Guanajuato estipula un tope máximo de permanencia física en prisión de 80 años de cárcel efectiva.
Además de la privación de la libertad, el juez de la causa impuso al abogado una penalización financiera que supera los 33 millones de pesos para intentar resarcir el patrimonio de las 107 familias afectadas.
El desglose de la reparación civil obliga a Franco Ríos a restituir 29 millones 923 mil 100 pesos por concepto de daño material (el dinero neto estafado), sumado a 3 millones 326 mil 490 pesos por daño moral, y 148 mil 500 pesos para cubrir los perjuicios económicos adicionales derivados del proceso. Las autoridades estatales calificaron este dictamen como un golpe contundente contra la impunidad en delitos patrimoniales.
Con información de Heraldo
