En una operación coordinada de alta complejidad, el Gobierno de los Estados Unidos anunció la captura del buque petrolero M/V Bella (anteriormente conocido como Bella 1 y renombrado como Marinera) en aguas del Atlántico Norte. La embarcación es señalada por las autoridades estadounidenses de violar sistemáticamente las sanciones internacionales impuestas contra Irán.
La operación fue ejecutada por el servicio de guardacostas USCGC Munro, bajo la supervisión de los Departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Guerra de los EE. UU., en lo que Washington describe como un golpe estratégico al transporte marítimo clandestino.
Según los informes oficiales, el buque había intentado evadir el radar de las autoridades tras escapar del bloqueo estadounidense a Venezuela. En un intento por ocultar su identidad, la embarcación cambió su nombre a Marinera y comenzó a navegar bajo bandera rusa.
El secretario de Defensa del Reino Unido, Jon Healey, confirmó que su país brindó apoyo logístico a la operación a petición de la administración de Donald Trump. Healey detalló que el buque estaba marcado con una «bandera falsa» y que ya se había negado a cooperar con las autoridades el pasado 20 de diciembre.
«Autoricé el uso de bases del Reino Unido y el despliegue de activos de la Marina Real y la RAF para vigilancia aérea. Esta fue una operación estadounidense; ningún personal británico participó en el abordaje», aclaró Healey.
La respuesta del Kremlin no se hizo esperar. A través de un comunicado en Telegram, el Ministerio de Transportes de Rusia calificó la incautación como una violación directa a la legislación internacional. Moscú sostiene que el buque contaba con un permiso temporal válido para navegar bajo su bandera estatal desde el 24 de diciembre.
Las autoridades rusas invocaron la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, denunciando que:
- En alta mar rige el régimen de libertad de navegación.
- Ningún Estado tiene derecho a usar la fuerza contra buques registrados bajo otras jurisdicciones.
La captura del Bella se enmarca en una política de presión máxima ejercida por Washington para detener el flujo de crudo que financia a gobiernos sancionados. Mientras EE. UU. defiende la acción como un ejercicio de cumplimiento de ley, Rusia advierte sobre las implicaciones de lo que considera un uso arbitrario de la fuerza en aguas internacionales.
Con información de El Heraldo
