Playa del Carmen, Quintana Roo, 25 de septiembre de 2026.– El proyecto de protección y restauración costera del hotel Secrets Moxché quedó en pausa luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazara la autorización ambiental solicitada por el promovente.
La resolución exhibe una práctica recurrente en la Riviera Maya: avanzar con obras frente al mar y después intentar obtener los permisos correspondientes. En este caso, la dependencia federal determinó que parte de las estructuras incluidas en el proyecto ya había sido instalada antes de que concluyera el procedimiento de evaluación ambiental.
El proyecto, promovido por el Fideicomiso Moxché I 2346/2016, se localiza dentro del complejo Grand Coral, entre Punta Esmeralda y Punta Bete, al norte de Playa del Carmen. El expediente fue presentado ante la Semarnat en octubre de 2020, con el objetivo de intervenir un tramo de costa afectado por la erosión.
Entre las obras planteadas se encontraban tres rompeolas de 75 metros de longitud cada uno, así como cortinas para contener la dispersión de materiales. Sin embargo, de acuerdo con la documentación revisada por la autoridad, los rompeolas ya habían sido colocados sin contar previamente con la autorización federal en materia de impacto ambiental.
La propuesta también contemplaba extraer y trasladar aproximadamente 28 mil 660 metros cúbicos de arena desde el banco marino denominado Mox, para recuperar cerca de 300 metros de playa. Esta parte del proyecto fue cuestionada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que advirtió que no se acreditaba plenamente su viabilidad ni se detallaban de manera suficiente los métodos de extracción y traslado.
La Conanp también señaló posibles incumplimientos a las reglas administrativas del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano, un área ambientalmente sensible en la que cualquier obra debe sujetarse a controles específicos.
Ante estas observaciones, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental determinó negar la autorización y dejó claro que el promovente no podrá ejecutar nuevas obras o actividades relacionadas con el proyecto mientras no obtenga el permiso correspondiente.
Además, la Semarnat turnó el expediente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que inspeccione el sitio y determine si existen infracciones, qué medidas correctivas deben aplicarse y si procede alguna sanción administrativa, incluida una posible clausura.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio el modelo de desarrollo turístico que permite alterar la costa antes de obtener el aval ambiental. La negativa de Semarnat no resuelve por sí misma el impacto de las estructuras ya instaladas: ahora corresponderá a Profepa determinar qué ocurrió, quién resulta responsable y qué debe hacerse para corregir o revertir las obras ejecutadas sin autorización.
