Ambientalistas en Quintana Roo intensificaron su exigencia para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) niegue la autorización de impacto ambiental al megaproyecto turístico Perfect Day, previsto en Mahahual, al considerar que presenta irregularidades legales y afectaciones ecológicas desde su origen.
En una entrevista que publicó el medio PeriodismoObjetivo.com, la presidenta del Grupo Ecologista del Mayab, Araceli Domínguez, señaló que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró el inicio de actividades en el predio el pasado 30 de enero TRAS UNA DENUNCIA CIUDADANA, debido a la falta de permisos federales y a la afectación de manglares, situación que podría constituir incluso un delito penal.
Desde su perspectiva, la empresa promotora actuó fuera de la legalidad al iniciar trabajos sin contar con una manifestación de impacto ambiental autorizada, por lo que pidió a la Semarnat negar el proyecto en congruencia con otros casos similares.
El pasado 4 de febrero, Yolanda Medina Gamez, encargada de despacho de la oficina de la representación de la Semarnat en Quintana Roo, participó en la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio de Playa del Carmen.
Al finalizar esa reunión, reporteros le solicitaron entrevista para hablar del proyecto Perfect Day, pero la funcionaria negó responder preguntas, no solamente de ese tema, sino de todos los que le compete atender.
En días pasados, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura del proyecto “Perfect Day Mahahual”, impulsado por la naviera Royal Caribbean, luego de detectar trabajos de demolición y relleno de terreno realizados sin contar con autorización de impacto ambiental. La medida fue aplicada de manera temporal como acción preventiva ante posibles daños ecológicos en la zona costera del sur de Quintana Roo.
El caso de Perfect Day, que promueve Royal Caribbean, además del componente ambiental, organizaciones civiles advierten posibles irregularidades urbanísticas. Cambios de uso de suelo aprobados por el Cabildo de Othón P. Blanco en noviembre de 2025 habrían modificado el Programa de Desarrollo Urbano sin cumplir los procedimientos legales, lo que derivó en un amparo y en una suspensión judicial que impide otorgar licencias o permisos relacionados mientras se resuelve el juicio.
En este contexto, el gobierno othonense de Yensunni Martínez salió en defensa de Royal Carribean e intervino para frenar cualquier intento suspensión de ese proyecto.
De acuerdo a Novedades de Quintana Roo, el ayuntamiento reclamó el inicio de todo el juicio al alegar que la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) no tiene ningún tipo de afectación por los cambios de uso de suelo aprobados en noviembre pasado, para la construcción del parque acuático de diversiones.
A pesar del congelamiento de todo el proceso legal, ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno puede entregar anuencias o permisos para la ejecución del proyecto, pues la suspensión definitiva ganada por DMAS el lunes pasado (que generó la intervención de la Profepa) continúa surtiendo efectos.
