La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en el umbral de una decisión que podría redefinir el panorama de la prisión preventiva en México. La Primera Sala se apresta a debatir un proyecto de amparo que, de ser aprobado, representaría un golpe significativo contra la aplicación automática de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), una de las figuras más controvertidas del sistema de justicia penal.
El caso en cuestión, un recurso de amparo presentado por Adrián Alegre Hernández, no busca la liberación inmediata del detenido, sino que impugna la imposición automática de la prisión. El proyecto de sentencia, elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat, propone conceder la protección judicial para un único y crucial efecto: que la Fiscalía General de la República (FGR) se vea obligada a presentar argumentos sólidos y justificar ante el juez por qué el acusado debe permanecer recluido mientras enfrenta su proceso.
Esta resolución, aunque en principio solo beneficiaría al quejoso, abre una puerta de inmensa trascendencia. De aprobarse, la decisión sentaría un precedente para que la prisión preventiva deje de ser una consecuencia inmediata y automática de ciertos delitos, para convertirse en una medida que requiera un debate contradictorio entre la fiscalía y la defensa, donde la primera deberá probar la necesidad de la cautela.
El asunto cobra mayor relevancia al poner en el centro del debate la postura de la ministra Loretta Ortiz Ahlf. Su opinión sobre este tema es de particular interés, ya que su permanencia en la nueva conformación de la Corte, que iniciará funciones el próximo 1 de septiembre, la posiciona como una figura clave en la discusión futura de la acción de inconstitucionalidad 49/2021. Dicha acción, también en análisis en el alto tribunal, busca declarar la Prisión Preventiva Oficiosa como «inconvencional», es decir, contraria a los tratados internacionales de los que México es parte.
Un dato que no pasa desapercibido es que la ministra Margarita Ríos Farjat es la mente detrás de ambos proyectos: tanto el del amparo de Alegre Hernández como el de la acción de inconstitucionalidad. Esto evidencia una línea de pensamiento jurídico consistente dentro de la Corte que busca modular los efectos de la prisión automática, la cual ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos por vulnerar el principio de presunción de inocencia.
El quejoso, Adrián Alegre Hernández, impugnó la medida que le fue impuesta por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán. Ahora, su caso podría convertirse en la punta de lanza de una transformación profunda en la manera en que se aplica la justicia cautelar en el país, forzando a las fiscalías a realizar un trabajo más riguroso y a los jueces a analizar caso por caso la pertinencia de la medida más severa antes de una sentencia.
Con información de Milenio
