El Pleno del Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó reformas al Código Penal de la entidad para tipificar y endurecer las penas contra quienes ofrezcan servicios educativos sin contar con la autorización correspondiente o el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), estableciendo penas de hasta ocho años de cárcel para los infractores.
La iniciativa, impulsada por la bancada de Morena a través de las diputadas y diputados Yuriria Iturbe Vázquez e Isidro Jesús Vargas Fernández, surgió ante el incremento de planteles privados irregulares que operan en la entidad, algunos de los cuales emplean a personal docente sin la acreditación pedagógica requerida.
Aprobadas por mayoría durante una sesión extraordinaria, las modificaciones a los artículos 189 Ter y 418 del ordenamiento legal fijan sanciones severas tanto en el ámbito privativo de la libertad como en el económico:
- Penas corporales y financieras: Se establecieron condenas de cuatro a ocho años de prisión, acompañadas de multas que van de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) —monto que equivale a un rango entre 117,310 y 234,620 pesos—.
- Responsabilidad por plantel: La sanción se impondrá de forma individual por cada institución que opere de manera ilícita cuando un mismo propietario o representante sea responsable de más de un centro escolar.
- Procesos en trámite: Mantener una solicitud de RVOE en trámite no eximirá de responsabilidad penal a los administradores si la escuela ya se encuentra brindando atención al público.
El dictamen aprobado estipula además que constituirá el delito de fraude la expedición, entrega u ofrecimiento de títulos profesionales, diplomas o certificados de grado académico que carezcan de la debida autenticación por parte de las autoridades educativas competentes.
De acuerdo con el documento presentado en el recinto legislativo, la reforma busca resguardar el patrimonio de las familias tamaulipecas y evitar el perjuicio profesional de los estudiantes que ingresan a instituciones sin certeza jurídica.
Con información de Heraldo
