Un residente de la localidad de Bassendean, en Australia, ha protagonizado un caso que marca un precedente legal a nivel global en materia ambiental. El ciudadano fue condenado a pagar una multa de 17 mil dólares (aproximadamente 306,500 pesos mexicanos) tras haber talado un árbol de gran tamaño que se encontraba dentro de los límites de su propiedad privada, pero sin contar con el permiso municipal requerido.
Este fallo es considerado un «hito histórico» por las autoridades locales, quienes buscan frenar la pérdida de cobertura vegetal en zonas urbanas.
Aunque comúnmente se cree que los dueños de una vivienda tienen libertad absoluta sobre la vegetación en sus jardines, la legislación en diversas partes del mundo, incluyendo esta zona de Australia, establece que los árboles de ciertas dimensiones son patrimonio ambiental regulado.
La alcaldesa de Bassendean, Kath Hamilton, fue contundente tras ganar el caso en los tribunales:
«Esto envía un mensaje claro de que los árboles regulados no deben eliminarse sin aprobación. Cada árbol cuenta».
El residente decidió proceder con la tala a pesar de tener conocimiento previo de que necesitaba una autorización oficial, lo que agravó la sanción impuesta por el consejo municipal.
Bajo la Política de Retención y Provisión de Árboles adoptada el año pasado, no todos los ejemplares están protegidos, pero sí aquellos que cumplen con características específicas debido a su edad y los servicios ambientales que prestan (sombra, purificación del aire y regulación de temperatura). Un árbol está protegido si:
- Mide más de 8 metros de altura.
- Su copa tiene un ancho superior a los 6 metros.
- Su tronco posee una circunferencia de 1.5 metros o más.
- No está catalogado como una especie invasora o maleza.
El fenómeno de la tala no autorizada no es exclusivo de Australia. Recientemente, se reportó un caso similar donde un local de venta de alcohol fue clausurado tras remover un árbol frondoso de la banqueta para mejorar la visibilidad de su fachada.
La diferencia en el caso australiano radica en la incursión de la autoridad dentro de la propiedad privada, bajo el argumento de que un árbol maduro tarda décadas en alcanzar su máximo potencial ecológico, y su valor para la comunidad supera el interés individual del propietario.
Esta sentencia busca concientizar a la población sobre la importancia de consultar las leyes ambientales locales antes de modificar el paisaje, incluso dentro del hogar.
Con información de Heraldo
