Tras una extenuante audiencia judicial que se prolongó por casi 24 horas, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra del exgobernador de Baja California, Jaime “N”. Al exmandatario se le investiga por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, uso indebido de atribuciones y facultades, así como abuso de autoridad.
El núcleo de la investigación gira en torno a la licitación y contratación de una planta de energía fotovoltaica en el Valle de Mexicali, proyecto concesionado a la empresa Next Energy que nunca llegó a concretarse.
De acuerdo con las indagatorias presentadas por el Ministerio Público, el contrato leonino obligaba a la administración estatal a realizar pagos mensuales de 123 millones de pesos durante un periodo de 30 años. Las autoridades estiman que el daño patrimonial total contra el erario de Baja California supera los 35 mil millones de pesos.
A pesar de la gravedad de las imputaciones, el juzgador determinó que el también dirigente estatal del Partido del Trabajo podrá enfrentar el proceso fuera de prisión. Para ello, se le fijó una fianza de 100 mil pesos, medida cautelar que le permite mantener su libertad ambulatoria mientras continúan las investigaciones.
“La decisión no es política”, afirmó la actual jefa del Ejecutivo estatal al ser cuestionada sobre la situación jurídica de su predecesor, subrayando el respeto a la autonomía del Poder Judicial.
El juez de control otorgó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria y el desahogo de pruebas. Será al término de este periodo cuando se realice una nueva audiencia para determinar si existen elementos suficientes para declarar al político responsable de las conductas delictivas que se le atribuyen.
Por el momento, la defensa de Jaime “N” se prepara para la etapa de litigio, en un caso que representa uno de los procesos judiciales por presunta corrupción más significativos en la historia reciente de la entidad fronteriza.
Con información de Milenio
