La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una aclaración urgente ante la ola de desinformación que alertaba sobre sanciones de hasta 4 millones de pesos contra establecimientos que venden tortillas en hieleras o las transportan en motocicletas. La dependencia fue enfática: no tiene facultades legales para multar por cuestiones de higiene o sanidad.
El rumor, que generó alarma nacional entre comerciantes y consumidores, se derivó de declaraciones erróneas de Manuel Alberto Leal Villarreal, director de la Odeco en la Zona Golfo-Norte. El funcionario había sugerido que el uso de estos recipientes violaba las Normas Oficiales Mexicanas de etiquetado y sanidad.
Sin embargo, la Profeco reiteró que su competencia se limita a las relaciones comerciales y no al manejo sanitario de los alimentos, tarea que corresponde exclusivamente a las autoridades de salud. «En ningún estado de la República Mexicana se puede multar a proveedores por condiciones sanitarias de las tortillas», sentenció el organismo.
A pesar de que la sanidad queda fuera de su jurisdicción, la Procuraduría mantiene operativos estrictos a través del programa “Quién es Quién en los Precios” y el Acuerdo Maíz-Tortilla. Sus facultades reales se centran en proteger la economía familiar mediante:
- Precios a la vista: El costo por kilogramo debe estar publicado de forma clara y ser respetado.
- Kilos de a kilo: Se realizan calibraciones periódicas de básculas para garantizar el peso exacto.
- Abusos comerciales: Se monitorean más de 600 establecimientos para evitar alzas de precios injustificadas.
- Transparencia: Verificación de la información comercial según la NOM-187.
Esta aclaración llega en un marco de vigilancia intensificada. Con la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Profeco, en coordinación con el Gobierno Federal, ha desplegado operativos especiales para monitorear más de 9,000 productos y servicios en todo el país.
Esta vigilancia se extiende a hoteles, restaurantes y tiendas de artículos deportivos con el fin de evitar publicidad engañosa y cobros indebidos ante la llegada masiva de turistas. La autoridad exhortó a los proveedores a no aprovechar la coyuntura del evento para realizar prácticas abusivas y pidió a los dueños de negocios reportar cualquier intento de sanción improcedente por parte de funcionarios que actúen fuera de la ley.
Con información de El Imparcial
